El gobierno australiano anunció un conjunto de medidas que reforzarán la autoridad del organismo AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) para supervisar y regular los cajeros automáticos de criptomonedas (crypto-ATMs). La decisión, revelada el 15 de octubre de 2025, responde al aumento de investigaciones que vinculan estos dispositivos con operaciones de lavado de dinero, tráfico de drogas y evasión fiscal.
En un comunicado oficial, el ministro de Finanzas, Tony Burke, afirmó que el país debe actuar “antes de que el problema crezca a niveles incontrolables”. Según AUSTRAC, más del 30 % de las transacciones realizadas en cajeros cripto durante 2024 mostraron patrones inusuales o sospechosos, con retiros fraccionados, transferencias anónimas y conversiones cruzadas entre stablecoins.
Las nuevas disposiciones incluirán tres frentes principales:
- Registro obligatorio de todos los operadores de cajeros cripto en el sistema nacional de prevención de lavado de activos.
- Auditorías periódicas y límites de retiro, similares a los de los cajeros bancarios tradicionales.
- Integración de sistemas biométricos y verificación KYC (Know Your Customer) para usuarios que realicen operaciones por encima de ciertos umbrales.
La medida ha generado reacciones encontradas. Mientras los organismos de seguridad celebran la iniciativa como un paso decisivo para cerrar brechas regulatorias, las asociaciones fintech y blockchain advierten que un exceso de controles podría afectar la adopción tecnológica y los pequeños negocios que ofrecen servicios de conversión cripto.
Australia, que históricamente se ha posicionado como un entorno regulatorio progresivo, busca ahora equilibrar la innovación con la protección al consumidor y la integridad del sistema financiero. Con más de 380 cajeros cripto activos en su territorio, el país es uno de los principales centros de operación en el hemisferio sur.
Para los expertos en compliance y finanzas digitales, esta decisión consolida una tendencia internacional: el traslado del marco de supervisión bancaria tradicional hacia la infraestructura cripto. ABBI destaca que este tipo de medidas serán cada vez más comunes en jurisdicciones con alta penetración de activos virtuales, ya que los reguladores buscan visibilidad y trazabilidad sobre los puntos de conversión entre dinero físico y digital.
El anuncio australiano podría servir como modelo para otros países de la región Asia-Pacífico, como Singapur, Malasia y Filipinas, que ya analizan medidas similares. En un entorno donde los riesgos de lavado y financiamiento ilícito evolucionan con rapidez, la coordinación entre los organismos reguladores será clave para evitar que la descentralización se convierta en opacidad.
