El Parlamento de Corea del Sur analiza un proyecto legislativo que establecerá obligaciones específicas de transparencia para influencers y creadores de contenido que promocionen criptoactivos en redes sociales y plataformas digitales. La iniciativa surge tras varios episodios de alta volatilidad asociados a campañas de promoción sin divulgación clara de intereses financieros.
La propuesta normativa exige que toda persona que difunda contenido patrocinado relacionado con tokens, proyectos blockchain o plataformas de intercambio revele de forma expresa si mantiene posiciones en el activo promocionado, si recibe compensación económica directa o indirecta y si existe vínculo contractual con la entidad emisora. La omisión de esta información podría derivar en sanciones administrativas y restricciones de actividad comercial.
El esquema regulatorio sería supervisado por la Financial Services Commission (FSC), organismo que en los últimos años ha fortalecido el marco de control sobre exchanges, custodios y proveedores de servicios de activos virtuales. La incorporación de influencers dentro del perímetro regulado amplía el alcance del control estatal hacia el ámbito de comunicación y marketing digital.
Desde una perspectiva técnica, el proyecto contempla la obligación de conservar registros de contratos publicitarios, evidencia de pagos y métricas de difusión, con el fin de permitir auditorías posteriores. Asimismo, se prevé coordinación con plataformas tecnológicas para identificar contenido patrocinado que no cumpla con los estándares de divulgación establecidos.
La medida se produce en un contexto de creciente preocupación por prácticas de “pump and dump”, manipulación informativa y promoción especulativa de tokens de baja capitalización. Las autoridades financieras surcoreanas han señalado que la transparencia en la publicidad constituye un componente esencial para la protección del inversionista minorista y la integridad del mercado.
Corea del Sur ha mantenido una política activa en regulación de activos virtuales, incluyendo exigencias de cuentas bancarias vinculadas con nombre real para operar en exchanges y requisitos de reporte reforzado para plataformas locales. La eventual aprobación del proyecto consolidaría un marco integral que abarca no solo intermediarios financieros, sino también actores que influyen en decisiones de inversión a través de canales digitales.
El proceso legislativo continuará durante el primer semestre de 2026, con la expectativa de que la normativa entre en vigor tras un período de adecuación para creadores de contenido y agencias de marketing vinculadas al ecosistema cripto.
