En una decisión que ha provocado un terremoto político y mediático en Argentina, el presidente Javier Milei firmó esta semana un decreto presidencial mediante el cual se disuelve la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), el organismo creado a comienzos de año con el propósito de investigar los presuntos delitos financieros vinculados al escándalo de la criptomoneda $Libra. La medida ha generado una ola de cuestionamientos tanto a nivel nacional como internacional.
El caso $Libra: de auge promocional al colapso del valor
La criptomoneda $Libra fue lanzada públicamente a finales de 2024 como un activo digital respaldado, supuestamente, por un fondo de inversión extranjero y por tecnología blockchain de última generación. Lo que llamó poderosamente la atención es que fue abiertamente promovida por el propio presidente Milei, quien incluso compartió en varias ocasiones en redes sociales frases como “el futuro de la libertad financiera ya llegó” acompañadas del logo del token.
Gracias al respaldo implícito del mandatario, el token multiplicó su valor por más de 15 veces en apenas semanas, atrayendo a miles de pequeños inversores locales e internacionales. Sin embargo, en enero de 2025, tras revelaciones sobre movimientos anómalos de capital y la aparición de direcciones vinculadas a exchanges off-shore, $Libra se desplomó más del 90%, generando pérdidas multimillonarias a quienes compraron en los niveles más altos.
Nace la UTI… y muere sin dejar huella
Ante la presión pública, el gobierno argentino creó en febrero la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) mediante un decreto presidencial. Esta unidad especial, bajo jurisdicción directa de la Procuración del Tesoro, tenía como objetivo examinar si hubo manipulación de mercado, abuso de poder, o conflicto de intereses.
Lo llamativo es que la UTI nunca publicó avances, reportes preliminares, ni citó a declarar a los principales señalados. A comienzos de mayo, sin previo aviso, el portal del gobierno eliminó toda referencia a la UTI. Finalmente, esta semana se oficializó su disolución mediante un decreto que argumenta “cumplimiento de objetivos institucionales”.
Acusaciones políticas y judiciales
El bloque opositor de la Cámara de Diputados ha calificado el cierre de la UTI como un “acto de encubrimiento” y ha solicitado formalmente reactivar la Comisión Investigadora Bicameral, que había sido bloqueada en marzo por mayoría oficialista.
Paralelamente, la Fiscalía Federal N.º 2 confirmó que existen investigaciones abiertas contra:
- Javier Milei (Presidente de la Nación)
- Karina Milei (Secretaria General)
- Mariano Cúneo Libarona (Ministro de Justicia)
- Tres empresarios de tecnología residentes en Miami y Panamá
- Dos fondos de cobertura vinculados a la operación de exchanges de criptoactivos
Se analizan presuntas operaciones coordinadas de pump & dump, financiamiento de campañas mediante criptomonedas y lavado de activos con herramientas digitales.
Repercusiones regionales
El caso argentino ha reactivado discusiones en otros países sobre el uso de la imagen y cargo de funcionarios públicos en la promoción directa o indirecta de proyectos de criptoactivos. En México, Chile y Uruguay, legisladores han comenzado a redactar proyectos para prohibir expresamente que altos funcionarios participen en iniciativas financieras con tokens sin supervisión.
Asimismo, organismos multilaterales como el BID y la CAF han solicitado a sus países miembros extremar la supervisión de activos digitales que impliquen participación estatal directa o uso de símbolos nacionales.
Impacto en los mercados y en la adopción institucional
La abrupta caída de confianza en $Libra ha tenido efectos más allá de Argentina. En las últimas dos semanas:
- Tres exchanges regionales retiraron el token de sus plataformas.
- Dos proyectos en etapa de ICO pausaron su salida al mercado por temor a implicaciones regulatorias.
- El interés en la tokenización de instrumentos públicos en el país (como bonos soberanos o programas sociales) ha disminuido drásticamente.
Esto refleja un efecto contagio reputacional que pone en pausa los esfuerzos de integración de tecnología blockchain en sectores públicos.
