La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó modificaciones técnicas al régimen de activos digitales con el objetivo de fortalecer la supervisión de proveedores de servicios y armonizar disposiciones operativas con estándares internacionales de cumplimiento financiero. Las reformas impactan directamente a emisores de tokens, plataformas de intercambio y entidades que estructuran ofertas públicas de activos digitales dentro del país.
El ajuste normativo introduce mayores exigencias en materia de divulgación de información, capital operativo mínimo y procedimientos de auditoría tecnológica para plataformas autorizadas. Asimismo, se refuerzan las obligaciones de debida diligencia sobre clientes, incorporando parámetros de monitoreo transaccional más estrictos y mecanismos de reporte periódico a la autoridad competente.
La supervisión continuará bajo coordinación de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), organismo encargado de autorizar emisiones y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de Emisión de Activos Digitales. La CNAD ampliará su facultad de inspección, incluyendo revisiones documentales y técnicas sobre contratos inteligentes utilizados en ofertas tokenizadas.
Uno de los elementos centrales de la reforma es la clarificación del tratamiento aplicable a emisores extranjeros que busquen estructurar instrumentos digitales desde territorio salvadoreño. Se establece la obligación de designar representante legal local y mantener registros verificables de beneficiarios finales, con el fin de mitigar riesgos de opacidad corporativa.
El ajuste ocurre en un contexto de consolidación del ecosistema digital salvadoreño, que en años anteriores posicionó al país como jurisdicción pionera en adopción de criptoactivos. Las autoridades han señalado que el objetivo de esta nueva fase es fortalecer credibilidad institucional, garantizar seguridad jurídica para inversionistas y alinear prácticas con marcos globales de prevención de lavado de activos.
Las disposiciones entrarán en vigor tras su publicación oficial, contemplando un período de transición para que proveedores y emisores adapten estructuras internas, documentación técnica y sistemas de control. El enfoque adoptado combina continuidad en la promoción de innovación financiera con un esquema de supervisión más estructurado y formalizado.
