El gobierno francés ha elevado la presión regulatoria sobre los principales exchanges de criptomonedas que operan en su territorio. La Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) —entidad supervisora dependiente del Banco de Francia— anunció este 17 de octubre de 2025 una ampliación significativa de sus auditorías AML/CFT (Antilavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo), en el marco de la transición hacia la plena aplicación del reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) en la Unión Europea.
Entre las plataformas bajo revisión se encuentran gigantes globales como Binance, Coinbase, Kraken y Bitstamp, junto a varias firmas europeas que buscan obtener la licencia MiCA antes de la fecha límite del primer trimestre de 2026. El proceso de verificación tiene como objetivo evaluar la solidez de sus políticas de debida diligencia (KYC), monitoreo transaccional, gobernanza corporativa y cooperación con las unidades de inteligencia financiera (TRACFIN).
Según fuentes citadas por Bloomberg, la ACPR está realizando inspecciones exhaustivas de los flujos on-chain y solicitando evidencia documental sobre los procedimientos internos de gestión de riesgo. En algunos casos, los reguladores han requerido pruebas de interoperabilidad entre los sistemas de cumplimiento internos y las API de auditoría pública blockchain, un requisito técnico que busca garantizar trazabilidad total de fondos.
El movimiento francés se enmarca dentro de la estrategia europea de armonización regulatoria previa a MiCA, considerada el marco más ambicioso del mundo en materia de activos digitales. Si bien varios países del bloque —como Alemania y España— ya han iniciado sus procesos de registro para proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), Francia aspira a convertirse en el centro de referencia regulatorio y de supervisión cripto del continente.
En paralelo, la ACPR ha recordado que los exchanges que no superen las auditorías AML o que mantengan estructuras opacas de gobernanza podrían ser excluidos automáticamente del registro europeo, imposibilitando su operación legal dentro del espacio económico de la UE. Este endurecimiento ha generado tensiones con algunas empresas del sector, que consideran que el proceso es excesivamente riguroso y podría frenar la innovación.
Sin embargo, las autoridades francesas defienden la iniciativa como una cuestión de credibilidad internacional. En palabras de un portavoz del Banco de Francia: “Europa no puede permitir que el sector cripto se convierta en el punto ciego de la transparencia financiera. Francia asumirá la responsabilidad de liderar con rigor.”
Para expertos en cumplimiento y regulación digital, este anuncio consolida a Francia como punta de lanza en la aplicación práctica del modelo MiCA, que prioriza la seguridad del usuario, la trazabilidad transfronteriza y la responsabilidad operativa. ABBI considera que este tipo de acciones anticipan el estándar de exigencia que próximamente se replicará en toda la región, marcando un nuevo paradigma de supervisión técnica en el ecosistema cripto.
