La reunión plenaria del GAFI, celebrada del 17 al 19 de junio de 2026, confirmó una tendencia que se consolida desde hace años: el cumplimiento normativo ya no puede limitarse a la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. El financiamiento de la proliferación se ha vuelto uno de los pilares de la agenda internacional de integridad financiera y exige revisar los modelos de gestión de riesgos con una mirada mucho más integrada.
Durante el Plenario, el GAFI reiteró la importancia de que los países implementen efectivamente las Recomendaciones sobre sanciones financieras dirigidas y prevención del financiamiento de la proliferación. También actualizó las listas de jurisdicciones bajo mayor monitoreo y de alto riesgo, recordando la necesidad de aplicar medidas reforzadas de debida diligencia cuando corresponda.
El contexto que motiva este enfoque combina mayores tensiones geopolíticas, más sanciones económicas y redes cada vez más sofisticadas para ocultar operaciones ilícitas. Las estructuras de comercio internacional, las empresas pantalla, las cadenas de suministro complejas y el uso de activos digitales han multiplicado las formas de mover recursos entre jurisdicciones, dificultando la identificación de operaciones ligadas a programas de proliferación.
Como resultado, los programas de cumplimiento evolucionan hacia modelos de gestión integral del riesgo. Las áreas de compliance deben coordinarse con riesgos, comercio exterior, tesorería, tecnología y seguridad financiera para detectar señales que antes podían pasar desapercibidas; herramientas analíticas avanzadas, inteligencia artificial y monitoreo basado en riesgo permiten identificar patrones complejos que los controles tradicionales no siempre capturan.
El GAFI también destacó la importancia de la cooperación público-privada: las instituciones financieras cumplen un papel central en la detección temprana de operaciones sospechosas vinculadas a sanciones internacionales, y la calidad de los reportes, la actualización de listas restrictivas y la capacitación continua del personal son factores determinantes para la eficacia de los programas de cumplimiento.
Estas conclusiones también alcanzan al ecosistema de activos virtuales. Aunque las obligaciones de los proveedores de servicios de activos virtuales ya incluyen prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación gana protagonismo por la capacidad de las tecnologías digitales de facilitar operaciones transfronterizas a alta velocidad, lo que obliga a exchanges y custodios a reforzar el monitoreo e integrar controles de sanciones financieras internacionales.
Numerosos países de la región siguen fortaleciendo sus marcos AML/CFT y adaptando su regulación a los estándares internacionales. Incorporar efectivamente el riesgo de financiamiento de la proliferación mejorará la resiliencia de los sistemas financieros latinoamericanos, incrementará la confianza de los mercados internacionales y facilitará el cumplimiento de las evaluaciones mutuas del GAFI y de los organismos regionales asociados.
El concepto de “compliance” ya no puede entenderse solo como el cumplimiento de obligaciones regulatorias: hoy es una función estratégica que protege la integridad del sistema financiero, anticipa riesgos emergentes y fortalece la confianza en un entorno global donde las amenazas evolucionan con rapidez y exigen respuestas cada vez más sofisticadas.
