El 21 de octubre de 2026, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) publicó la regla final que establece los requisitos aplicables a los emisores de stablecoins de pago bajo su supervisión, en el marco de la implementación del GENIUS Act. La normativa representa un avance decisivo en la definición de las condiciones operativas y prudenciales para este segmento del mercado de activos digitales en Estados Unidos y establece el 18 de enero de 2027 como fecha de entrada en vigor.
La publicación de esta regla marca una transición importante para la industria. Después de un período centrado en la definición del marco legislativo, los emisores deben prepararse para cumplir requisitos concretos sobre respaldo de reservas, redención de tokens, gestión de riesgos y divulgación de información. Para las entidades financieras y los profesionales de cumplimiento, el desafío consiste en traducir estas obligaciones en procedimientos operativos, controles internos y mecanismos de supervisión verificables.
Uno de los elementos centrales de la regla final es la obligación de mantener un respaldo total de las stablecoins de pago en todo momento. La OCC establece que los emisores no podrán registrar déficits intradía en sus reservas, lo que exige una capacidad de seguimiento continuo de los activos que respaldan los tokens en circulación.
Este requisito tiene implicaciones directas sobre la gestión de tesorería, la liquidez y los controles financieros de los emisores. El respaldo no puede entenderse únicamente como una comprobación periódica de los activos disponibles, sino como una condición que debe mantenerse durante toda la operación. Por ello, las entidades deberán integrar mecanismos que permitan evaluar permanentemente la suficiencia de las reservas y detectar oportunamente cualquier desviación.
La norma también incorpora exigencias relacionadas con la diversificación de los activos de respaldo, su capacidad de monetización y la realización de pruebas de estrés. Estos elementos buscan que los emisores no solo dispongan de activos suficientes para respaldar los tokens, sino que también puedan gestionar escenarios adversos y responder a las solicitudes de redención sin comprometer su capacidad operativa.
Otro aspecto relevante es la medición continua del capital y de los respaldos operativos. La OCC deja atrás un enfoque limitado a las revisiones al cierre de cada trimestre y establece una expectativa de seguimiento permanente. En la práctica, esto incrementa la importancia de contar con información actualizada, procesos de conciliación confiables y controles capaces de identificar riesgos antes de que se conviertan en incumplimientos.
Para los responsables de riesgo y cumplimiento, estas disposiciones requieren una coordinación estrecha entre las funciones financieras, operativas, tecnológicas y regulatorias. La capacidad de demostrar que las reservas cumplen las condiciones exigidas será tan importante como mantenerlas efectivamente.
La regla final mantiene un plazo máximo de dos días hábiles para atender las solicitudes de redención. El cómputo comienza cuando se recibe la orden y se completa el proceso de incorporación del cliente, conocido como onboarding.
Este punto resulta fundamental porque la redención constituye uno de los mecanismos que permiten a los titulares recuperar el valor correspondiente a sus stablecoins. La existencia de un plazo definido establece una referencia operativa para los emisores y exige que sus procesos internos puedan responder de manera oportuna a las solicitudes válidas.
La versión definitiva también eliminó la extensión automática a siete días que contemplaba el borrador anterior. Este cambio refuerza la necesidad de que los emisores organicen adecuadamente sus procesos de liquidez, atención al cliente y gestión de operaciones para cumplir con el límite establecido.
Desde una perspectiva de cumplimiento, la redención no debe evaluarse de forma aislada. Su ejecución depende de la disponibilidad de reservas, la calidad de los procedimientos operativos, la identificación de los clientes y la capacidad de documentar cada operación. Por ello, los controles deben permitir verificar tanto el cumplimiento del plazo como la trazabilidad de las solicitudes y las decisiones adoptadas.
La regla incorpora requisitos de divulgación destinados a evitar que los usuarios confundan las stablecoins de pago con otros instrumentos financieros. Las comunicaciones correspondientes deberán aclarar que estos activos no son moneda de curso legal, no constituyen depósitos bancarios y no cuentan con seguro federal de depósitos.
Esta distinción es relevante para la protección del usuario y la gestión de las expectativas sobre el producto. Aunque una stablecoin de pago puede estar diseñada para mantener una relación estable con una moneda de referencia, sus características jurídicas y sus mecanismos de protección no son necesariamente equivalentes a los de un depósito bancario.
Para los emisores, las obligaciones de divulgación implican revisar cómo se presenta el producto en sus canales de distribución y en la documentación que reciben los clientes. La información debe permitir comprender la naturaleza del instrumento y evitar afirmaciones que puedan inducir a interpretaciones incorrectas sobre su respaldo o las protecciones disponibles.
En consecuencia, la transparencia se convierte en un componente operativo del marco regulatorio. No basta con cumplir los requisitos de reservas y redención si la información proporcionada al público no refleja adecuadamente las características del activo.
Durante la elaboración de la regla definitiva, la OCC introdujo ajustes respecto del borrador inicial. Entre ellos, retiró la presunción de que determinados acuerdos con afiliados o terceros constituyen, por sí mismos, un pago de rendimiento prohibido. Sin embargo, la autoridad conserva sus facultades para actuar frente a estructuras diseñadas para eludir las restricciones aplicables.
Este ajuste introduce mayor precisión en el tratamiento de ciertos acuerdos comerciales, sin eliminar la responsabilidad de los emisores de asegurar que sus operaciones se ajusten al marco regulatorio. La estructura contractual y la participación de terceros, por tanto, deberán evaluarse considerando tanto su funcionamiento efectivo como el propósito de los acuerdos.
La regla también delimita el trabajo regulatorio pendiente en materia de prevención de lavado de activos y cumplimiento de sanciones. Los requisitos específicos de AML y OFAC se establecerán mediante una normativa separada desarrollada junto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La OCC, además, anunciará por separado cuándo comenzará a recibir solicitudes.
Esto significa que la publicación de la regla final constituye un hito importante, pero no agota todas las obligaciones regulatorias que deberán atender los emisores. Las entidades tendrán que seguir la evolución de las disposiciones complementarias y evaluar cómo se integrarán con los controles ya establecidos sobre reservas, operaciones y gestión de riesgos.
La entrada en vigor prevista para el 18 de enero de 2027 establece un horizonte concreto para que las entidades comprendidas en el régimen revisen sus estructuras operativas. La preparación no debería limitarse a una evaluación jurídica de la normativa, sino abarcar la identificación de brechas de control y la definición de responsabilidades entre las distintas áreas de la organización.
Los equipos de cumplimiento deberán trabajar con las funciones de tesorería, riesgo, tecnología y operaciones para verificar que existan mecanismos de supervisión continua de las reservas, procedimientos de redención compatibles con el plazo máximo y procesos documentados para gestionar incidentes o desviaciones. También será necesario revisar las comunicaciones dirigidas a los usuarios y mantener seguimiento sobre las futuras disposiciones de AML y sanciones.
Para auditores y responsables de control interno, el nuevo marco aumenta la importancia de contar con evidencia verificable que permita demostrar el cumplimiento de los requisitos durante la operación, y no únicamente en revisiones periódicas. La documentación, la trazabilidad de las decisiones y la capacidad de responder a las solicitudes de información de los supervisores adquieren una relevancia directa.
La regla final del GENIUS Act confirma que la regulación de las stablecoins de pago en Estados Unidos avanza hacia un modelo con obligaciones operativas más definidas. Para los emisores, el reto será demostrar que el respaldo, la redención y la gestión de riesgos funcionan de manera consistente. Para los profesionales de cumplimiento, la prioridad será convertir los requisitos regulatorios en controles efectivos, medibles y sostenibles.
