El 30 de octubre de 2026 vence el plazo establecido por el Banco Central de Brasil (BCB) para que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP, por sus siglas en inglés) cuenten con la autorización correspondiente o tengan su solicitud en trámite. A partir de esa fecha, las instituciones financieras, las entidades de pago y otras organizaciones supervisadas por el BCB no podrán realizar ni facilitar operaciones con proveedores que no cumplan las condiciones regulatorias establecidas.
La medida representa un cambio relevante para el mercado brasileño de activos virtuales, ya que traslada las exigencias de autorización al centro de las relaciones operativas entre los proveedores cripto y el sistema financiero tradicional. En la práctica, la continuidad de determinadas operaciones dependerá no solo de la situación regulatoria del proveedor, sino también de la capacidad de los bancos y demás entidades supervisadas para verificarla.
El vencimiento del plazo marca una nueva etapa en la supervisión del ecosistema de activos virtuales en Brasil. Las empresas que prestan estos servicios deben revisar su situación ante el regulador, mientras que las instituciones financieras necesitan evaluar sus relaciones comerciales y operativas con las contrapartes que participan en sus flujos de pagos.
El régimen se apoya en las Resoluciones BCB N.º 519, 520 y 521 de 2025, que desarrollan aspectos regulatorios vinculados a la Ley 14.478/2022, conocida como el marco legal brasileño para los activos virtuales.
Dentro de este conjunto normativo, la Resolución BCB N.º 519 establece el proceso de autorización de los proveedores, mientras que la Resolución N.º 520 regula aspectos relacionados con su constitución, funcionamiento y supervisión. Entre las exigencias contempladas se encuentran la segregación de los activos de los clientes, la ciberseguridad, los controles internos y la transparencia de las tarifas.
Estas disposiciones buscan establecer condiciones para que los proveedores operen dentro de un marco supervisado, con responsabilidades definidas sobre la administración de sus actividades y la protección de los activos involucrados.
La segregación de los activos de los clientes, por ejemplo, es relevante para la gestión de los recursos que una entidad mantiene por cuenta de terceros. Por su parte, los controles de ciberseguridad y las medidas de control interno forman parte de la estructura necesaria para gestionar los riesgos tecnológicos y operativos asociados a los servicios de activos virtuales.
La transparencia de las tarifas también adquiere importancia en un mercado donde los usuarios pueden interactuar con distintos intermediarios y servicios. En conjunto, estas exigencias buscan reforzar la gobernanza de los proveedores y establecer condiciones más claras para su funcionamiento.
Sin embargo, el proceso de autorización no debe entenderse únicamente como un trámite administrativo. Para las empresas sujetas al régimen, implica revisar su estructura operativa, sus controles internos y su capacidad para cumplir las condiciones regulatorias aplicables.
El vencimiento del plazo establece una referencia concreta para los proveedores que operan en Brasil. De acuerdo con el marco descrito en el InfoBlock, las empresas deberán contar con la autorización correspondiente o tener su solicitud en trámite para cumplir las condiciones previstas.
Aquellas que no dispongan de autorización ni hayan iniciado el trámite correspondiente deberán cesar sus actividades en Brasil y transferir o liquidar sus operaciones, según corresponda.
Este escenario plantea un desafío operativo para los proveedores que aún no hayan regularizado su situación. La continuidad de sus servicios puede depender de la capacidad para completar los procedimientos requeridos y demostrar ante las contrapartes financieras que cumplen las condiciones establecidas.
La gestión de una salida ordenada también resulta relevante cuando existen clientes con saldos, operaciones pendientes o relaciones comerciales activas. El cese de actividades no elimina la necesidad de gestionar adecuadamente las obligaciones operativas asociadas a esas relaciones.
Por ello, las empresas deben evaluar con anticipación el estado de sus operaciones, identificar las relaciones que podrían verse afectadas y establecer procedimientos para atender las posiciones pendientes. La continuidad del servicio, la comunicación con los clientes y la documentación de las decisiones constituyen aspectos importantes de esa transición.
Uno de los elementos más relevantes de esta medida es su impacto sobre las instituciones financieras que mantienen relaciones con los proveedores de activos virtuales.
A partir del 30 de octubre, los bancos, las instituciones de pago y las demás entidades supervisadas por el BCB no podrán realizar ni facilitar operaciones con VASP que no cumplan las condiciones de autorización previstas. Esto significa que la evaluación regulatoria de las contrapartes pasa a formar parte de las decisiones operativas de las entidades financieras.
La revisión debe abarcar el inventario de clientes y contrapartes que prestan servicios de activos virtuales, la verificación de su situación ante el Banco Central y la identificación de las relaciones que podrían requerir ajustes o una terminación ordenada.
No basta con conocer el nombre comercial de una empresa o mantener una relación contractual vigente. Las instituciones necesitan comprobar la situación regulatoria de las entidades con las que operan y determinar si las operaciones que facilitan se encuentran dentro de los límites permitidos.
Cuando una contraparte no cumpla las condiciones aplicables, la entidad financiera deberá evaluar cómo gestionar la relación para evitar que continúen operaciones incompatibles con el régimen. Este proceso requiere coordinación entre las áreas de cumplimiento, riesgo, operaciones, asesoría jurídica y gestión de relaciones comerciales.
Para los responsables de cumplimiento, la fecha límite exige que los procedimientos de debida diligencia sobre contrapartes incorporen la verificación del estatus regulatorio y mecanismos de actualización que permitan identificar cambios relevantes.
El alcance de la medida va más allá de las relaciones directas entre bancos y plataformas de criptoactivos. También puede afectar a los flujos que conectan los servicios de activos virtuales con los sistemas de pagos tradicionales.
El InfoBlock destaca especialmente las operaciones con stablecoins, los servicios de remesas y las actividades que dependen de la banca corresponsal local. Estos segmentos mantienen una relación operativa con el sistema financiero, por lo que la situación regulatoria de los proveedores involucrados resulta relevante para evaluar la continuidad de las operaciones.
Las stablecoins pueden utilizarse como instrumentos de transferencia de valor dentro de los mercados digitales, mientras que las remesas conectan a usuarios y empresas con distintos sistemas de pago. En ambos casos, las relaciones con entidades financieras pueden ser necesarias para el acceso a moneda fiduciaria, la liquidación de operaciones o la gestión de fondos.
La banca corresponsal, por su parte, facilita determinadas operaciones entre instituciones financieras y permite conectar sistemas de pago de diferentes mercados. Cuando intervienen proveedores de activos virtuales, las entidades deben comprender qué contrapartes participan en los flujos y cuál es su situación regulatoria.
Esto aumenta la importancia de la trazabilidad de las operaciones y de la identificación de las entidades que intervienen en cada etapa. Los controles deben permitir reconocer las relaciones comerciales relevantes, evaluar los riesgos asociados y detectar cuándo una contraparte deja de cumplir las condiciones necesarias para operar.
Para las instituciones financieras, el reto consiste en integrar estas verificaciones en sus procedimientos habituales sin limitar la evaluación a una revisión puntual de documentos. La situación regulatoria de una contraparte debe formar parte de un proceso de seguimiento que permita actuar ante cambios o incumplimientos.
La entrada en esta nueva etapa regulatoria requiere que los equipos de cumplimiento revisen sus procedimientos de evaluación de contrapartes y su coordinación con las áreas responsables de pagos y operaciones.
Las entidades financieras necesitan mantener información actualizada sobre los proveedores de activos virtuales con los que operan, verificar su situación ante el BCB y documentar las decisiones adoptadas cuando una relación requiera modificaciones. La identificación temprana de las contrapartes afectadas permite organizar las medidas necesarias y reducir el riesgo de mantener operaciones incompatibles con las exigencias regulatorias.
También resulta importante evaluar las dependencias operativas que puedan existir entre diferentes servicios. Una entidad puede mantener una relación contractual con un proveedor y, al mismo tiempo, facilitar indirectamente operaciones relacionadas con otros participantes del ecosistema. Comprender estas conexiones ayuda a identificar exposiciones que podrían pasar inadvertidas en una revisión limitada a los clientes directos.
Para los VASP, el desafío se concentra en demostrar que cumplen las condiciones de autorización y que sus estructuras de gobierno, seguridad y control interno responden a las exigencias aplicables. Para los bancos y las instituciones de pago, la prioridad es comprobar que sus relaciones comerciales no faciliten operaciones con proveedores que se encuentren fuera del marco permitido.
La decisión del Banco Central de Brasil tiene relevancia para el conjunto de América Latina. Como una de las principales economías de la región, Brasil establece un precedente sobre la manera en que la supervisión de los activos virtuales puede integrarse en las relaciones entre los proveedores cripto y el sistema financiero tradicional.
El modelo descrito en el InfoBlock destaca un aspecto fundamental: la regulación no se limita a establecer obligaciones para las empresas que ofrecen servicios de activos virtuales. También incorpora restricciones operativas para las instituciones financieras que mantienen relaciones con ellas.
Este enfoque convierte la verificación del estatus regulatorio de las contrapartes en un elemento central de la gestión del riesgo. Los bancos no solo deben evaluar sus propias operaciones, sino también comprender con quién operan y si esas relaciones cumplen las condiciones exigidas por el supervisor.
Para los profesionales de cumplimiento, riesgo y auditoría en América Latina, la evolución brasileña ofrece una referencia sobre la importancia de integrar los activos virtuales en los procesos de debida diligencia, monitoreo de operaciones y control de terceros. Otros mercados podrían desarrollar mecanismos distintos, por lo que cualquier comparación deberá considerar las particularidades de cada jurisdicción.
El vencimiento del plazo del 30 de octubre de 2026 marca, en definitiva, una transición hacia un entorno en el que la autorización regulatoria de los proveedores de activos virtuales condiciona también sus relaciones con el sistema financiero. La capacidad de verificar licencias, documentar decisiones y mantener controles efectivos será determinante para que las entidades gestionen sus exposiciones sin apartarse de las exigencias del regulador.
