El proyecto de ley de estructura de mercado de activos digitales, conocido como CLARITY Act, no logró avanzar en el Senado de Estados Unidos. El 15 de septiembre de 2026, la moción para iniciar el debate obtuvo 49 votos a favor y 50 en contra, sin alcanzar los 60 votos necesarios. El resultado dejó en suspenso una iniciativa que buscaba establecer un marco federal más claro para el mercado de criptoactivos y delimitar las competencias regulatorias aplicables al sector.
Las diferencias entre los legisladores se concentraron en disposiciones relacionadas con la ética y las tenencias de criptoactivos de funcionarios federales, así como en el pago de rendimientos sobre stablecoins. Este último punto generó preocupación por la posibilidad de que estos productos atrajeran depósitos que actualmente permanecen en el sistema bancario tradicional. El senador Thom Tillis votó en contra con el objetivo de presentar una moción de reconsideración, lo que mantuvo abierta la posibilidad de retomar el proyecto. Sin embargo, el calendario legislativo reducido antes de las elecciones de medio término hacía poco probable su aprobación durante ese Congreso.
Ante la falta de avances legislativos, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) comenzaron a impulsar sus propias iniciativas regulatorias. Esta vía permite a las agencias avanzar dentro de sus competencias actuales, aunque no sustituye por completo el alcance que habría tenido una ley federal de estructura de mercado.
El 18 de agosto, la SEC propuso el marco denominado Regulation Crypto Assets, que contempla dos exenciones de registro para determinados contratos de inversión relacionados con criptoactivos. La propuesta busca establecer vías regulatorias específicas para ciertas operaciones, aunque su alcance debe entenderse dentro del proceso normativo de la agencia y de las condiciones previstas en el texto propuesto. El período de comentarios públicos concluyó el 20 de octubre, una etapa que permite a participantes del mercado, especialistas y otras partes interesadas presentar observaciones antes de que la autoridad determine los siguientes pasos.
Por su parte, el 17 de septiembre, la CFTC remitió a la Casa Blanca para revisión una propuesta de reglamento sobre transacciones y mercados de criptoactivos. La agencia también actualizó sus preguntas frecuentes relacionadas con la inversión de fondos de clientes en activos tokenizados. Estas actuaciones reflejan el avance de la supervisión administrativa en áreas vinculadas con los mercados digitales, incluso mientras el Congreso mantiene pendiente una definición legislativa más amplia.
No obstante, la regulación mediante agencias tiene límites importantes. A diferencia del CLARITY Act, esta vía no puede establecer la preeminencia federal sobre las normas estatales que el proyecto buscaba incorporar. Por ello, las licencias estatales relacionadas con la transmisión de dinero, las monedas virtuales y los valores continúan siendo relevantes, especialmente para las actividades de custodia y negociación al contado.
Para las empresas que operan con criptoactivos en Estados Unidos, el escenario exige prestar atención tanto a las propuestas federales como a las obligaciones estatales que siguen vigentes. La existencia de una iniciativa de la SEC o la CFTC no implica automáticamente que una actividad quede exenta de otros requisitos de licencia o supervisión. Las obligaciones concretas dependerán de la naturaleza del servicio, los activos involucrados y el marco normativo aplicable.
Para los responsables de Compliance, asesores legales, proveedores de servicios de criptoactivos y entidades financieras, esta evolución plantea un desafío operativo: mantener actualizada la evaluación regulatoria mientras las reglas continúan desarrollándose por distintas vías. El seguimiento de las propuestas, la revisión de las licencias necesarias y la documentación de los criterios utilizados para determinar las obligaciones de cada actividad son elementos importantes para gestionar la exposición regulatoria.
La falta de avances del CLARITY Act no detuvo la actividad de los supervisores estadounidenses, pero sí mantiene abierta la discusión sobre la distribución de competencias y la coherencia del marco aplicable al mercado cripto. Mientras no exista una ley federal integral que resuelva esos aspectos, las empresas deberán desenvolverse en un entorno donde las iniciativas de las agencias conviven con las exigencias estatales.
